Ciudadanos alegan que Playaparq realiza actos de autoridad en detrimento de derechos humanos, como el libre tránsito.
El regidor Marciano Toledo sostuvo que también se puede retirar la concesión de la vía pública en el centro de la ciudad otorgada a favor de la empresa que opera parquímetros en Solidaridad.
El miembro del ayuntamiento mencionó que el posible retiro de la concesión de agua potable en Solidaridad, sienta un precedente para que ocurra lo mismo con la vía pública, controlada por una persona moral.
“Ojalá también nos den la razón sobre los parquímetros por el abuso que se hace, de la concesión leonina que se dio porque están secuestrando nuestras calles y que de alguna manera le afectan a más de 50 mil turistas al año, ojalá el próximo año se pueda hacer algo”, dijo Toledo Sánchez.
Recientemente el Congreso del Estado aprobó abrogar el decreto que otorgó en concesión el suministro del servicio de agua potable y alcantarillado en el municipio de Solidaridad.
Marciano Toledo ha sido crítico tanto con la concesión del agua, como contra la concesión de la vía pública en el primer cuadro de la ciudad, que se encuentra operado por la empresa Promotora de Reordenamiento Urbano, conocida comercialmente como Playaparq.
El edil dijo que cuando hay voluntad política se pueden retirar concesiones que laceran a los habitantes de un territorio, tal como ocurrió con el tema del agua.
“Necesitamos que haya un orden en el municipio, también hay muchos miembros del Cabildo que le estamos echando el esfuerzo para que se haga algo”, agregó.
La concesión de la vía pública fue entregada hace dos administraciones, pero fue en la pasada gestión municipal cuando comenzó a surtir efectos. Las críticas por tener que pagar por el uso de la vía pública con constantes, principalmente porque algunos ciudadanos alegan que Playaparq realiza actos de autoridad en detrimento de derechos humanos, como el libre tránsito.
Pero Playaparq se ha defendido. Su representante, Diego Gracidas, ha mencionado que ellos sólo ejecutan un mandato de concesión que las mismas autoridades le entregaron.
Hasta este momento, en el plano legal no se ha presentado ninguna acción que busque de manera directa retirar la concesión al particular.