El Comité contra la Desaparición Forzada (CED en inglés), de las Naciones Unidas, urgió a México este jueves 20 a implementar una política que ponga fin al delito de las desapariciones de personas, después de que seis funcionarios que investigaban un caso perecieron en un atentado hace una semana.
El 11 de julio, funcionarios de la Fiscalía General del occidental estado de Jalisco, y efectivos de la policía municipal de Tlajomulco, fueron atacados cuando realizaban labores de búsqueda de cadáveres de personas presuntamente desaparecidas.
El atentado causó la muerte de seis personas y dejó heridas al menos a 12 más, entre autoridades estatales y civiles.
Se produjo cuando el grupo investigador circulaba por un camino de terracería, para verificar una denuncia anónima sobre la existencia de una supuesta fosa clandestina en la periferia de la localidad jalisciense de Tlajomulco.
Según las informaciones recibidas por el CED en esta ciudad suiza, los funcionarios fueron emboscados, y atacados con artefactos explosivos por un grupo delictivo todavía no identificado.
“El Comité expresa sus condolencias a las familias de quienes perdieron la vida y desea una pronta recuperación a los heridos”, dijo la jurista peruana Carmen Rosa Villa, presidenta del CED, que trabaja en paralelo a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).
Las autoridades estatales informaron que desde 1964 más de 110 000 personas han sido víctimas del delito de desaparición en todo México, en cuyas 32 entidades federales viven 130 millones de habitantes, y el mayor número de desapariciones están registradas en el estado de Jalisco.
También, según cifras oficiales, en lo que va de año se han registrado en Jaliso 1095 homicidios dolosos (intencionales).
En un informe publicado en 2022 tras su visita a México, el Comité instó al Estado a garantizar protección permanente de los servidores públicos dedicados a la búsqueda e investigación, y a establecer un programa de protección integral para ellos.
También llamó a México a fortalecer de inmediato el sistema de protección a las víctimas para garantizar la seguridad de los familiares y acompañantes.
En su nueva declaración, el CED llamó una vez más a México a adoptar e implementar con carácter de urgencia una Política Nacional para la Prevención y Erradicación de las Desapariciones.
El texto recordó que las búsquedas e investigaciones son una obligación indeleble de sus Estados parte, por lo que conminó a México a emprender una investigación inmediata, exhaustiva y diligente para identificar a los responsables, procesarlos e imponerles las sanciones pertinentes.
Tras registrarse el atentado el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo que se trató de “un hecho sin precedentes que pone de manifiesto de lo que son capaces grupos de la delincuencia organizada”.
“Es un acto de terror brutal y representa también un desafío al Estado mexicano en su conjunto”, expresó el gobernador, y anunció que las autoridades “estamos cerrando filas y realizaremos un operativo para dar con los responsables”.
El CED está integrado por 10 miembros que son expertos independientes en derechos humanos, procedentes de todo el mundo, quienes actúan a título personal y no como representantes de los Estados partes.
Su trabajo se centra en supervisar la adhesión de los Estados partes a la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, en vigor desde 2010 y que ha sido ratificada por 71 Estados.