La iglesia católica externó su preocupación ante la escasez del agua y los cortes que existen ante los bajos niveles de las presas, “comenzamos a entrar a la temporada de calor, la zona metropolitana del Valle de México vive cortes de agua forzados por la escasez en el sistema Lerma-Cutzamala, que se encuentra a menos de la mitad de su capacidad”.
El “día cero”, el momento en que el agua sea insuficiente para abastecer las necesidades básicas de más de 20 millones de personas que habitan esta región, parece estar cada vez más cerca, aseguró la institución católica.
“El acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos”, dijo el Papa Francisco.
El Santo Pontífice enfatizó: la gestión arbitraria de los recursos hídricos, su distorsión y contaminación, perjudican especialmente a los pobres y son una afrenta vergonzosa ante la que no podemos permanecer indiferentes.
Además que se convirtió en el centro de disputas y desigualdades sociales, de acuerdo con el informe “no dejar a nadie atrás,” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Diversos estudios señalan que, en un futuro próximo, si no se hace algo para detenerla, la escasez del agua podría traer consecuencias graves para la salud y forma de vida de las personas y comunidades, tanto urbanas como rurales y, por supuesto, una mayor desigualdad social y económica.
El acceso al agua es un derecho humano, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares, la población que recibe el servicio diario de agua potable y saneamiento mejorado en la Ciudad de México es de 70.3%, mientras que para el Estado de México es del 48.4%. Este porcentaje se reduce a medida que nos acercamos a las periferias.
El clero hizo un llamado a las autoridades de gobierno que tomen acciones que permitan el acceso constante al agua potable y de calidad, especialmente en las comunidades más pobres.
Las políticas públicas deben garantizar el desarrollo y mantenimiento de infraestructura en las zonas de escasez y tomar en cuenta factores externos como las cada vez más frecuentes sequías, derivadas del cambio climático.