Ambos países pudieron resolver los conflictos laborales en la planta de León, Guanajuato sin necesidad de invocar a un panel de resolución de controversias en el marco del TMEC.

México y Estados Unidos acordaron no hacer la revisión de una presunta denegación de derechos a la libertad sindical en una fábrica de componentes para automóviles de la empresa Grupo Yazaki en Guanajuato.

En agosto, funcionarios laborales estadounidenses habían pedido a México que investigara posibles abusos en la planta en el marco del acuerdo comercial de América del Norte, TMEC, citando una petición de una organización laboral mexicana que alegaba irregularidades en una votación sobre el contrato de los trabajadores.

La revisión se hizo sin llevar el caso al mecanismo laboral de respuesta rápida del TMEC, dijo la Secretaría, debido a que autoridades laborales mexicanas determinaron que no existen «a la fecha» pruebas sobre una denegación de derechos.

«Grupo Yazaki colaboró con ambos países a fin de realizar dichas acciones en favor de las personas trabajadoras. Por otro lado, la STPS llevará a cabo inspecciones en la planta de León», dio a conocer la Secretaría de Economía.

El Grupo Yazaki actuó de «manera proactiva» al emitir una carta de neutralidad que publicó en su sitio web y en los tablones de todos sus centros de trabajo del país, y «reafirma una política de tolerancia cero contra cualquier represalia, amenaza u obstrucción hacia las personas trabajadoras», según la dependencia mexicana.

Mercados y autoridades han seguido de cerca una serie de quejas laborales de Estados Unidos desde que arrancara el TMEC en 2020, ya que éste contiene normas más estrictas sobre los derechos de los trabajadores que el anterior acuerdo comercial. En el presente tratado las empresas pueden ser sancionadas si no resuelven rápidamente esos reclamos.

«El Gobierno de México reitera su compromiso en aplicar de forma efectiva la legislación laboral nacional, así como las disposiciones en la materia establecidas en el T-MEC, garantizando con ello el cumplimiento y protección de los derechos colectivos de las personas trabajadoras del país», destacó la secretaría.